Una de las actividades económicas que suponen un riesgo para nuestra Amazonía es la minería, que si bien representa un factor productivo fundamental para el desarrollo del país, en su vertiente ilegal ha permitido el involucramiento de agentes sociales dispuestos a tomar de nuestro suelo todo aquello que pueda ser comercializado, sin el menor reparo por los daños que pueden ocasionar en el ambiente, como los suelos, en los cauces fluviales, en los recursos forestales, entre otros; los cuales interactuan en perfecta armonía al interior de la selva en regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, principalmente.
Para la experta en formalización minera, María José Cisneros:
“El problema de la minería ilegal en regiones amazónicas como Madre de Dios genera graves daños ambientales irreversibles a la región, destacada además por ser una de las más biodiversas del mundo. En la práctica, existe mucha confusión entre la minería ilegal y la minería informal, por tal motivo es importante aprender a diferenciarla pues muchos disfrazan su actividad ilegal haciéndola pasar como informal. Ello no quiere decir que los mineros que sí están en vías de formalización no hayan aportado al crecimiento económico de su región en el aspecto comercial, sin embargo, el lento avance para lograr la formalidad ocasionó que su actividad se haya visto involucrada a delitos como lavado de activos, evasión de impuestos, entre otros”.
En este contexto, con la finalidad de ir construyendo una política criminal para resolver esta grave problematica ambiental, el Ministerio de Justicia ha prepadado con la colaboración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el documento titulado "La minería ilegal en la Amazonia Peruana", donde se han encontrado notables puntos de alerta y balances útiles a las gestiones futuras que busquen corregir errores, afianzar buenas prácticas y adecuar las herramientas legales y los recursos humanos y logísticos necesarios para defender nuestros ecosistemas.
La metodología seguida para este proyecto fue de tipo descriptivo e interpretativo donde abordaron los fenómenos de minería ilegal y la minería informal, en cuatro fases: recopilación, sistematización, análisis de fuentes secundarias y fuentes primarias (entrevistas a funcionarios públicos), a través de un enfoque integral y multisectorial, incluyendo el fortalecimiento del sistema de justicia, el aprovechamiento de la ciencia y la tecnología, el monitoreo y la protección de la flora y la fauna, el análisis de los costos y la propuesta de incentivos económicos, entre otros aspectos.
Entre las conclusiones principales a las que se han llegado en este documento, destacan las siguientes:
1. El estado peruano viene implementando mecanismos normativos a fin de flexibilizar y reducir los requisitos exigidos para facilitar el proceso de formalización de la minería informal, pero estos no han dado los resultados esperados por las siguientes razones:
- ♦ Los procesos de formalización, en su mayoría buscan incorporar a la mayoría de mineros informales, aspecto que debería incluirse de forma estricta en las normativas vigentes; pero, esta idea resulta utópica porque muchos de ellos no pueden cumplirla o no se encuentran comprometidos con esta causa. Por lo tanto, resultaría perjudicial que se les otorgue patentes de legalidad a mineros que incumplen claramente con las exigencias normativas en el desarrollo de la actividad minera.
- ♦ La existencia de normativas dispersas y vinculadas al proceso de formalización minera, que son causantes de mayor confusión en los receptores de la norma incluso para funcionarios públicos y operadores que la aplican administrativamente , con competencias superpuestas en algunos casos, procedimientos diferenciados, patrones repetidos, requisitos cambiantes y hasta nomenclaturas confusas.
- ♦ La constante ampliación de plazos, minimizar condiciones, flexibilizar requisitos, provoca que los agentes involucrados en los procesos de formalización, terminen sintiéndose penalizados por estas, y que incluso perciban que se están beneficiando a los que más tarde se incorporaron al proceso.
2. Respecto al delito de minería ilegal:
- ♦ La Ley de Interdicción del Decreto Legislativo N° 1100 ha jugado un rol determinante en la lucha frontal contra la minería ilegal, pero ha quedado un tanto desfasada. En la actualidad, estos instrumentos para temas forestales y pesqueros han logrado establecer el vínculo entre la acción de interdicción con el delito, permitiendo la pérdida de dominio de los bienes decomisados.
- ♦ Las reparaciones civiles impuestas son pequeñas y las sentencias condenatorias con pena privativa de libertad efectiva para el delito de minería ilegal son pocas. Estamos ante un derecho penal simbólico que merece modificatorias para que las penas sean proporcionales al daño devastador que se comete contra el medio ambiente.
3. Respecto a las políticas públicas:
- ♦ Se requiere el fortalecimiento de las principales políticas públicas diseñadas por el Estado peruano e incluir el problema y sus causas de forma integral: prevención, fiscalización, sanción, remediación ambiental y resarcimiento de daños. Entre estos instrumentos normativos encontramos: la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal, la Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, el Plan de Acción Multisectorial para la Implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, la Estrategia de Lucha contra la Minería Ilegal en ANP de Administración Nacional 2017 – 2021 y el Plan de Gestión Ambiental del Poder Judicial 2017-2021.
Tenemos la convicción de que este diagnóstico, constituirá una herramienta importante para la toma de decisiones de forma oportuna y basada en evidencia, tanto en el ámbito estratégico como en el operativo, conforme se señala en la Política de Modernización de la Gestión Pública, garantizando la protección de nuestros recursos naturales y la salud de la población.
Imagen de portada: Universidad Esan
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