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En los últimos años desde el Congreso de la República se han impulsado diversos proyectos normativos relacionados a la minería ilegal, casi siempre en aras de debilitar el marco jurídico que regula el acceso y el control de la Pequeña minería y Minería Artesanal, así como la normativa que busca reducir la minería ilegal.

Recientemente se puso en agenda el Proyecto de Ley 2715-2021-CR (en adelante, PL) que busca modificar diversos artículos del Decreto Legislativo N 1100 sobre las acciones de interdicción contra la minería ilegal; dicho proyecto ha sido observado por el Poder Ejecutivo y rechazado por unanimidad por diferentes organizaciones no gubernamentales.

En este contexto, desde Interacción Ambiental buscamos contribuir a través del presente texto con el debate sobre “la interdicción” como figura creada -en primer término- para luchar frontalmente contra la extracción ilegal de minerales y evaluar ajustes a la propuesta normativa sobre su modificación.

En los últimos años, la selva amazónica del Perú, se ha convertido en uno de los territorios priorizados en las políticas de Estado para garantizar su preservación. En contraste, las organizaciones criminales buscan explotar sus recursos naturales por encima de las regulaciones ambientales, atropellando la vida y el equilibrio necesario para su existencia. En este contexto, compartimos la siguiente publicación: “La minería ilegal en la Amazonía peruana”, elaborada por miembros de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), donde realizaron el diagnóstico de esta problemática basándose en cuatro enfoques debidamente diferenciados (criminológico, jurídico, ambiental y políticas públicas), que buscan el entendimiento de este fenómeno desde distintas perspectivas. 

En el año 2009, se publicó el libro “AMAZONÍA PERUANA EN 2021” (Marc Dourojeanni y otros), donde sus autores proyectaron cómo sería el futuro de nuestra selva. Habiendo transcurrido el plazo previsto, consideramos oportuno comparar los escenarios planteados con información actualizada de diversas bases de datos, así como publicaciones especializadas sobre la situación de nuestra Amazonía, a fin de evidenciar si hemos mejorado, mantenido o empeorado en la gestión de los recursos naturales en esta parte de nuestro territorio.

A propósito del informe del portal @Mongabay Latam sobre el uso de juveniles para producir conservas y la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales del Santa cabe preguntarnos: ¿Cuáles son y de que tratan los delitos que sancionan la captura y el tráfico de recursos hidrobiológicos?